Por errores en un procedimiento policial antidrogas sobreseyeron a dos personas en Bariloche

La Cámara Federal de Apelaciones de Roca admitió el recurso de la defensa oficial de los imputados, anuló la requisa de la Policía de Río Negro y dictó el sobreseimiento porque concluyó que no cometieron ningún delito.

Los jueces de la Cámara de Apelaciones de Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Lozano, declararon la nulidad de un procedimiento antidrogas que personal de la Policía de Río Negro había hecho en Bariloche y, en consecuencia, sobreseyó a dos personas de esta ciudad, que habían sido procesadas por los delitos de tenencia y supuesta comercialización de estupefacientes.

Los jueces advirtieron falencias en al acta del procedimiento policial que sirvió como prueba para procesar a dos personas como supuestos autores del delito de comercialización o tenencia de estupefacientes.

Observaron que no hubo un decreto fundado del entonces juez federal de Bariloche, Leonidas Moldes, para proceder a la requisa de 13 personas sospechadas, y además la información policial, para justificar el procedimiento, era deficiente.

Los jueces admitieron el recurso de apelación que había presentado la defensa oficial de los imputados y resolvieron sobreseer a María Andrade y Juan Javier Pérez porque no cometieron el delito que la fiscalía federal de Bariloche les había atribuido por el cual se los había procesado en primera instancia. El fallo se publicó en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ).

Gallego y Lozano afirmaron en la sentencia, que dictaron días atrás, que el defensor oficial de los imputados tenía razón “cuando postula que el procedimiento de detención y requisa instrumentado en el acta es nulo y citaron jurisprudencia de la propia Cámara de Apelaciones de Roca.

Observaron que la falencia “se desprende de lo consignado en el acta” de procedimiento policial “acerca del modo en que sucedieron los hechos.

“Se dijo allí que, mientras una comisión especial de la policía de Río Negro se encontraba realizando tareas de campo en Bariloche, observó un grupo de personas que se encontraban en el sector del anfiteatro del SCUM (Salón Cultural de Usos Múltiples), ubicado en la intersección de calles Moreno y Villegas”, recordaron los camaristas en la sentencia.

Advirtieron que en el acta policial se consignó además: “Pasado un lapso de tiempo, logran divisar en reiteradas oportunidades que se apersonaban personas y proceden a realizar una maniobra de pasa manos (situación que al personal de esta División le pareció anormal)”.

“Luego, continúa relatando el acta que al verse superados en número solicitaron refuerzos y se dirigieron al lugar donde se encontraba el grupo “a los fines de proceder a la identificación de los ciudadanos que allí se encontraban”, citaron los jueces.

Los ciudadanos fueron demorados. En el acta se informó además que horas después, el responsable del procedimiento se comunicó con el juzgado federal de Bariloche. Los camaristas indicaron en el fallo que el funcionario judicial que atendió el llamado, tras previa consulta con el juez federal Leonidas Moldes, “dispuso que se proceda a realizar la requisa personal para la totalidad de los ciudadanos”. Los policías requisaron a 13 personas.

“Pues bien, entiende el tribunal que no existió orden ni excusa suficiente para requisar a las 13 personas que menciona el acta”, concluyeron los jueces.

“Es que, por un lado, el juez instructor no ordenó ese proceder mediante decreto fundado en los términos en que lo exige el artículo 230 del Código Procesal Penal”, advirtieron.

“Mientras que, por el otro, la referencia que suministró el personal policial (el que una o algunas de las personas observadas en un primer momento realizase un movimiento conocido como “pasamanos” con otros ignotos sujetos, sin ningún otro dato que permitiese aventurar que lo entregado se trataba de un objeto en infracción a la ley 23.737) carece, en el contexto descripto, de la necesaria entidad para alcanzar el estándar de motivo legal justificante de la requisa de urgencia a la que se refiere del artículo 230 bis del mismo código”, aseguraron los jueces.

Lo que lleva a concluir que esa intromisión estatal resulta nula y así debe ser declarada, implicando ello la de la totalidad de lo actuado”, concluyeron Gallego y Lozano.

Aseguraron que el procedimiento refleja “una evidente extralimitación del poder de intromisión estatal pues no surge del acta que las personas procesadas fuesen aquellas que llevaron a cabo esa maniobra que inició el procedimiento”, destacaron.

“Evidencia de lo expuesto lo constituye la circunstancia de que a la primera persona requisada no se le halló nada”, enfatizaron los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca.

“Lo dicho es suficiente para resolver del modo en que se lo anticipó y torna innecesario atender el agravio con el que se señaló un yerro importante de la resolución recurrida, como fue el que se valorase, para encuadrar en el artículo 14, primera parte, de la ley 27.737 el hecho de tenencia de solo 3,39 gramos de marihuana imputado a Pérez, la portación por éste de una balanzacuando lo cierto es que de la lectura del acta, de la certificación actuarial y de la pericia química, se desprende que no se produjo el secuestro de un elemento así”, advirtieron Gallego y Lozano. Por eso, concluyeron que correspondía el sobreseimiento.

Fuente: Diario RN