La crisis por el transporte abre las primeras fisuras en el gobierno de Bariloche

Hasta ahora hubo diferencias menores y quedaron en reserva. Los representantes del oficialismo nunca votaron divididos, como fue habitual en gestiones anteriores.

Uno de los rasgos salientes del gobierno de Gustavo Gennuso desde que se inició hace más de seis años es la armónica relación que el intendente mantuvo con su bloque en el Concejo, donde tuvo mayoría absoluta hasta 2019. Desde entonces cuenta con la primera minoría.

Si hubo diferencias fueron menores y quedaron en reserva, los representantes del oficialismo nunca retacearon apoyo a los proyectos del Ejecutivo ni tampoco votaron divididos, como fue habitual en gestiones anteriores. Pero el extendido conflicto que afecta al transporte urbano abrió las primeras grietas.

La presidente del Concejo y principal referente de Juntos Somos Río Negro, Natalia Almonacid, manifestó su abierta oposición a la línea seguida por el gobierno de Gennuso en torno a los permisos concedidos a la empresa Amancay/Mi Bus para reemplazar su flota casi nueva por un lote de colectivos más antiguos y liberarse así de una pesada deuda con la proveedora de carrocerías.

La firma del convenio data de noviembre pasado y Mi Bus ya incorporó varias unidades viejas. Para los concejales de todos los bloques opositores, sus asesores jurídicos, para las organizaciones de usuarios y los integrantes de la comisión de seguimiento del transporte, ese convenio impone en los hechos cambios en el contrato original con la prestadora y no debió instrumentarse sin la previa aprobación de una ordenanza.

Lo inusual en este caso es que esa postura también es sostenida por Almonacid y por otros miembros de su bloque. En primera instancia, cuando el tiempo apremiaba y Mi Bus amenazaba con dejar el servicio, el Ejecutivo se enfocó en obtener el visto bueno de la Comisión de Transacciones, que integran Gennuso, Almonacid y el presidente del Contralor, como cabeza de los tres poderes.

Recién después, cuando arreciaron las críticas Gennuso se comprometió a enviar el proyecto al Concejo. Pero pasaron cuatro meses y todavía no lo hizo.

Almonacid le dijo ayer a este medio que en su momento lo planteó expresamente y que en el Ejecutivo le aseguraron que enviarían el proyecto de ordenanza para viabilizar el convenio reclamado por Mi Bus. Ante la demora insistió y la promesa fue remitirlo al Concejo con la apertura de las sesiones ordinarias. Pero casi cuarenta días después en la mesa de entradas del Concejo todavía no hay noticias del tema.

Almonacid dijo que la obligatoriedad de la ordenanza fue esgrimida a partir de la opinión técnica aportada por la asesora letrada del Concejo, Josefina González Elizondo. También hubo una postura unánime en ese sentido en la comisión Legislativa. Señaló que “claramente se planteó así en Transacciones” y lo mismo le advirtió al Ejecutivo Estanislao Cazaux, quien representó en aquella reunión al Tribunal de Contralor.

La presidente del Concejo dijo que no es su pretensión poner en riesgo las prestaciones del servicio del transporte, pero igual fue más allá. A su entender, sin ordenanza “previa” el convenio no debió ejecutarse.

Es decir que el recambio de colectivos que ya puso en práctica la empresa concesionaria estaría floja de papeles y podría traerle consecuencias jurídicas al municipio.

Más preguntas sin respuesta

Almonacid dijo también que del Concejo salió un pedido de informes al Ejecutivo para conocer datos clave como las patentes de los nuevos vehículos incorporados, los seguros, los certificados de verificación técnica y el pago del impuesto automotor, por el cual Mi Bus acumularía una importante deuda.

Otro tema espinoso y nunca aclarado es el seguro de caución que la empresa debió haber depositado, tal como lo exige el el contrato. Desde el gobierno admitieron a fines del año pasado que ese requisito estaba “incumplido”.

En aquel momento la vicejefa de Gabinete Marcela González Abdala le había dicho a este medio que el acuerdo para permitirle a Mi Bus la incorporación 45 vehículos más viejos no necesitaba ordenanza y bastaba con el aval de la Comisión de Transiciones. Luego revisó esa posición, a juzgar por los dichos de Almonacid.

“Hay una modificación de contrato y la aprobación del convenio es una potestad que Transacciones no tiene -precisó la concejal oficialista-. Solicitamos que lo manden al Concejo, lo hicimos de manera directa e indirecta, y se comprometieron a enviarlo. Pero todavía no ingresó nada”.

El dictamen de la comisión de Transacciones fechado el último 28 de diciembre “aprobó las actuaciones” realizadas por el municipio con la empresa de transporte (en relación con la antigüedad de los colectivos) y en uno de los artículos estableció también que “el Ejecutivo deberá remitir al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza con las modificaciones que sean necesarias plasmar” en el contrato original con Amancay/Mi Bus.

Fuente: Diario RN